La asociación se preocupa por el cumplimiento de la Constitución a través de tres ejes: la información, la concienciación y el ejercicio de acciones judiciales o administrativas cuando es necesario. Su lucha reúne a personas «preocupadas por la calidad democrática del país» y es, principalmente, contra los nacionalismos.
«Lo primero que defendemos es que los símbolos importan». Rafael Arenas, presidente de la asociación Impulso Ciudadano, afirma que una bandera es más que un colorido trozo de tela o un elemento decorativo. Sostiene que es la expresión de la soberanía y de la sociedad a la que representa. Para él, el ejemplo más claro está en Cataluña porque, «cuando empezó el proceso soberanista, una de las primeras acciones nacionalistas era, precisamente, retirar los símbolos comunes: retirar las banderas españolas y sustituirlas por esteladas y símbolos vinculados a la independencia». A su juicio, estas dinámicas «configuran la opinión y, al mismo tiempo, contribuyen a la espiral del silencio».
Arenas añade que «la ausencia de un símbolo es también un símbolo». Se refiere a la (escasa o nula) presencia de la bandera española en el exterior del Parlament. Esta situación fue llevada por Impulso Ciudadano ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón a la entidad y ordenó a la Cámara catalana, el pasado 20 de marzo, que mostrara ambas banderas de forma permanente. El Parlament, por su parte, ha defendido su actuación, ha recurrido la decisión judicial y, según ha trascendido esta semana, el 7 de abril la institución ofreció al tribunal una «caución sustitutoria» —una compensación económica— como alternativa a la ejecución de la medida cautelar.
Impulso Ciudadano, consciente de la «importancia» de defender los símbolos nacionales, sigue con lupa esta situación y enfatiza que el rechazo a la bandera vulnera los derechos de todos los españoles, sin importar su ideología. «Hay que acabar con esta perniciosa vinculación entre España y derecha. En este país hay derecha, hay izquierda y hay centro. Si existe esa vinculación es porque a los nacionalistas les interesa que se entienda que todo lo que es España es de derechas», lamenta el presidente de la asociación, también catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Pero los miembros de la organización no sólo se dedican a reivindicar símbolos nacionales. En su página web, Impulso Ciudadano se define como una asociación que defiende los valores constitucionales y de la Unión Europea a través de los mecanismos del Estado de derecho. La organización reúne a personas «preocupadas por la calidad democrática del país», que defienden la neutralidad institucional, denuncian la intolerancia política y rechazan los nacionalismos identitarios.
«Trabajamos por la igualdad y la libertad de todos los españoles», expresan los autodenominados como activistas constitucionalistas. «Ponemos en cuestión los excesos del poder nacionalista y cualquier tipo de excesos», asevera Arenas. «Corregimos las injusticias», en palabras de José Domingo, uno de los fundadores de la organización y su ex presidente.
Esta agrupación nació en 2009, primero a nivel autonómico. «Algunas personas entendimos que era necesario un nuevo frente asociativo que defendiera, desde un punto de vista institucional y jurídico, los derechos constitucionales en Cataluña», recuerda Domingo. En ese entonces, él era diputado en el Parlament.
La voluntad de hacer cosas
Mediante un consenso entre las primeras personas que se sumaron al proyecto, eligieron el nombre de la entidad. «Queríamos reivindicar el concepto de ciudadanía, para garantizar los derechos y obligaciones de las personas en relación con el Estado; y, al ser una asociación que tendría un componente activista, nos pareció que la palabra impulso era adecuada porque denotaba una capacidad de acción, una voluntad de hacer cosas», detalla el fundador.
«Empezamos a realizar una labor de asistencia a las personas que estaban directamente perjudicadas por las acciones del poder nacionalista», cuenta. El abogado Domingo sitúa el origen de Impulso Ciudadano en un contexto de fuerte tensión política en Cataluña a finales de la década de 2000, marcado por la tramitación y el debate en torno al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.
Según explica, en aquellos años se estaba a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la norma, en un clima de «presión» sobre el tribunal por parte de sectores nacionalistas para influir en su decisión. «Era necesario luchar contra esa presión y luego defender la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional», que en 2010 anuló o reinterpretó varios preceptos del estatuto, especialmente en materia lingüística, institucional y simbólica.
Aunque en un principio la asociación se limitaba al área catalana, pronto adquirió mayores dimensiones. Arenas enumera las razones por las que sus preocupaciones se extendieron al ámbito nacional. En primer lugar, menciona «la idea de que una parte de la de la población es la que verdaderamente representa a todos y que, por tanto, es legítimo vulnerar los derechos de la otra parte». Critica, a su vez, «el control o la presión sobre la judicatura», «el abuso del decreto ley», «el control de los medios públicos para convertirlos en instrumentos de propaganda», «el uso de argumentos populistas» y «la denigración del que discrepa».
En definitiva, desde Impulso Ciudadano consideraron que la democracia de España estaba en riesgo y orientaron su actividad a su defensa. A juicio del presidente de la entidad, lo que empezó siendo un problema de Cataluña ya ha pasado a ser un asunto de la nación y, según advierte, «puede pasar a Europa». «El Estado de derecho, si se gangrena en una parte y no se cura, se extiende por todo el cuerpo», razona el profesor.
«Los contrapesos corren peligro»
Esas mismas «inquietudes» motivaron a Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación de la UAB, a unirse a la asociación en 2019. «Hay serios problemas de captura de las instituciones por el poder político», valora. Asimismo, cree que «los contrapesos corren peligro». Fernández señala que «hay una serie de elementos clarísimos de muchos déficits democráticos» y resalta «la propia manera en la que se configuró el gobierno de investidura: con una cesión inaceptable mediante una ley de amnistía que rompe con el principio de igualdad de derechos».
Fernández Alonso, actual vicepresidenta de Impulso Ciudadano, se ha esforzado, desde antes de formar parte de la asociación, por combatir el independentismo desde las aulas. «Durante todos los años del procés hubo un intento de dibujar una especie de pensamiento único en las universidades», relata.
Para ella, uno de los aspectos que más tambalean la democracia está en «las cesiones continuas al nacionalismo que están desmembrando el Estado». Lo dice ella, que se considera de centro izquierda. «Creo en una España con los mismos derechos y libertades… Creo en las libertades individuales y no me gustan los movimientos que intentan constreñir al individuo», proclama por encima de todo.
Las acciones concretas de Impulso Ciudadano para defender la democracia —que, según valoran, se tambalea— pasan por los tribunales y las administraciones. Domingo, que colabora con la asociación como asesor jurídico pese a no continuar en la junta directiva, indica que la organización se rige por tres ejes: la información, para recabar y conocer el estado de la situación; la concienciación, para que la población sepa cuándo se están violando sus derechos, y el ejercicio de acciones judiciales o administrativas pertinentes «para evitar las arbitrariedades de los poderes públicos».
De la asociación a la Comisión Europea
Como ejemplo, mencionan su contribución al informe anual sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea. «Hemos denunciado la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial, el uso del decreto ley por parte del Gobierno de España y los problemas que tiene la libertad de prensa», ahonda el presidente. «Cuando podemos actuar ante un problema que afecta al Estado de derecho, a los principios democráticos dentro o fuera de Cataluña, actuamos».
La entidad cuenta con una junta directiva conformada por 10 miembros. Domingo y Arenas aseguran que la asociación no dispone de «ningún tipo de subvención pública, ni ayuda de las grandes empresas». Señalan que su soporte económico proviene de sus socios, de las ayudas que reciben de los ciudadanos y de las actividades que desempeñan de forma altruista. «Es gente muy voluntariosa que le hacen un favor al conjunto de la sociedad… Sabemos que no es nuestra causa personal, sino que es una causa justa que beneficia a todos». Gracias a esos aportes logran avanzar en su cometido.
Pero ahora el foco está puesto en la senyera y en la bandera española. La Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España y de otras enseñas, establece las normas que rigen la utilización de la bandera nacional y las de las comunidades autónomas y entidades locales. En su artículo cuarto estipula que «en las comunidades autónomas, cuyos estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla». A su vez en el artículo sexto se detalla que «la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño».
Todo ello, según denunció Impulso Ciudadano, se estaba incumpliendo en el Parlament. A mediados del año pasado detectaron que se había izado una senyera de 54 metros cuadrados sobre un mástil de 25 metros de altura. «Era de un tamaño claramente desproporcionado, con lo cual se estaban incumpliendo muchos preceptos de la Constitución y de la de la ley de banderas del año 1981», resume Domingo.
Antes de emprender acciones legales, los miembros de la asociación intentaron que el presidente de la Cámara, Josep Rull, corrigiera la situación. Ante su «negativa», acudieron al TSJC, que confirmó que se estaba incumpliendo la normativa y ordenó que ondearan tanto la bandera rojigualda como la senyera al menos a la misma altura. Ahora, la institución catalana ha interpuesto un recurso contra la decisión que deberá resolverse próximamente. «Lo que nos parece anómalo y estrambótico es que el Parlament haya decidido prestar una caución, es decir, dar una garantía económica para no poner la bandera española. Es absurdo que el Parlament esté dispuesto a pagar, con dinero público, para incumplir la Constitución», reprocha Domingo.
Desde Impulso Ciudadano continuarán defendiendo los símbolos que representan la unidad del país. «Es imprescindible romper esa idea de que todo lo español está exclusivamente asociado a la derecha y a la extrema derecha. Eso es completamente falso. Somos muchas las personas progresistas que creemos en una idea de España, que nos sentimos españoles, que creemos que la lengua común es una herramienta presencial de convivencia, que creemos que los ciudadanos tienen que ser educados en los valores constitucionales», finaliza la vicepresidenta.
El Mundo (20.04.2026)