El supositorio de la falsa izquierda

El Gobierno busca extrapolar el sistema fiscal vasco-navarro a Cataluña. Los titulares de derechos no serían ya los ciudadanos, sino los territorios. Lejos de expandir el privilegio, cualquier socialista consecuente plantearía su eliminación.

Aprovechando el receso estival, el Gobierno de España ha dado luz verde a una de las medidas estrella de la legislatura: el cupo catalán pactado con ERC. Si nos ahorráramos eufemismos y falacias, sería fácil explicarle a la ciudadanía que lo que se pretende es extrapolar el sistema fiscal vasco-navarro (concierto económico y convenio) a Cataluña.

Un sistema basado en una idea abiertamente reaccionaria: los titulares de derechos no serían ya los ciudadanos, sino los territorios. La Constitución Española, en un alarde de contradicción, ampara en su disposición adicional primera «los derechos históricos de los territorios forales». La reminiscencia feudal es imposible de conciliar con el artículo 14, que prevé la igualdad entre españoles, o con el artículo 138.2, que proscribe «los privilegios económicos y sociales» entre comunidades autónomas. El título VIII, en su artículo 150.2, termina de enredarlo todo permitiendo la delegación o transferencia autonómica de competencias en principio reservadas para el Estado central. ¿Acaso no es cierto que el germen confederal está en algunos aspectos de la propia Carta Magna?

Uno de los argumentos históricos del nacionalismo catalán para justificar el cupo catalán es el agravio comparativo que supone para ellos la existencia de un sistema de privilegio objetivo e indiscutible en el País Vasco y Navarra: no es sólo la excepcionalidad del sistema de concierto económico vasco y convenio navarro, sino el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra -la suma que ambas comunidades abonan al Estado por la prestación de algunos servicios en ambos territorios-, que responde a un pacto político totalmente opaco e injusto, quebrando por completo la solidaridad interterritorial y la redistribución.

Bien pensado, no les faltan razones, desde luego mezquinas, a los que ambicionan un privilegio análogo a aquel del que disfrutan vascos y navarros. Huelga señalar que la igualdad no les puede importar menos. ¿Pero es que acaso esperábamos otra cosa de nacionalistas y secesionistas, los mismos que aspiran, con base en una ideología racista, supremacista e insolidaria, a quebrar la unidad de justicia y redistribución que implica una nación democrática? Resulta más inquietante que supuestos defensores de esa comunidad política, cuando se les plantea la contradicción palmaria de defender a la par los derechos históricos y la igualdad de los ciudadanos españoles, como si ambas dimensiones no fueran excluyentes, apenas balbucean la triste excusa de que el privilegio está recogido en la Constitución. Habría que responderles, lo primero de todo, que la Constitución también ampara exactamente lo contrario: la solidaridad entre españoles, la igualdad de todos y la prohibición de cualquier privilegio regional. Lo segundo, que la Constitución es un texto político, no un mantra religioso y, por tanto, admite debate y crítica racionales. Lo que resulta inderogable de la misma es la condición de ciudadanía democrática, basada en leyes comunes de vocación universal, las mismas que consagran principios de justicia, igualdad y libertad. Los anacronismos predemocráticos, resultado de una concesión canovista en el siglo XIX como compensación por la eliminación de los fueros, pueden y deben cuestionarse. Una democracia moderna es, por definición, incompatible con señoríos y feudos, leyes especiales y tratos de favor a los más ricos del país.

Lejos de expandir el privilegio, cualquier socialista consecuente plantearía su eliminación. No es razonable que una persona de izquierdas defienda privilegios socioeconómicos para los más ricos o una nación fracturada en señoríos feudales y derechos históricos.

Más lógico es que esos privilegios los defienda un conservador foralista, como es buena parte de nuestra derecha, con el PP a la cabeza, partidarios a ultranza del concierto económico vasco y del convenio navarro. No se puede olvidar la tradición carlista histórica de la derecha española, siempre apegada a la bandera del foralismo. Incluso durante la dictadura de Franco, caracterizada por un recalcitrante nacionalismo español, se mantuvo el sistema de concierto para Álava y de convenio para Navarra.

Lo que desde luego no se entiende es que las izquierdas, antaño defensoras de la igualdad y la redistribución, entierren su mejor tradición en nombre de políticas abiertamente antiigualitarias como las que blindan privilegios y procuran su expansión. Existe en la izquierda oficial una fascinación completamente idiota por cualquier política que cuestione la unidad de España, por cualquier medida que avance hacia su fragmentación y que anteponga la identidad a la igualdad, las leyes especiales a las comunes y el privilegio plurinacional a la redistribución sin excusas. La penúltima ocurrencia es la de fantasear con una coalición de «izquierdas confederales y plurinacionales» (sic), con Rufián a la cabeza. Sí, ese chico tan simpático que hace no tanto enseñó la patita ultraderechista, cuando se quejó de «pagar con sus impuestos» las becas comedor de «sus primos de Jaén». Lejos de ser anecdótica, la confesión retrata al sujeto y define la absurda fascinación de ese delirante «progresismo» que da por buenos semejantes condimentos racistas para la coalición propuesta. Bastaría con apelaciones místicas a la diversidad plurinacional del Estado -una brumosa metafísica inentendible puesto que nadie sabe de qué naciones se habla, por qué la pluralidad que se predica para el Estado «opresor» no es tal cuando se trata de aplicarla a las sedicentes naciones «oprimidas» y, sobre todo, dónde reside la justificación política para reclamar diferentes derechos para unos ciudadanos respecto a los demás- para ser respetado e integrado por los que reparten carnets de pureza ideológica en la izquierda. Paradójicamente, defender la igualdad y la redistribución de renta y riqueza, anteponiendo estos principios a cualquier pretexto identitario que los bloquee, te impide ser aceptado dentro de ese grupo. Para algunos profesionales del estrabismo ideológico, ser de izquierdas implica arrodillarse ante los señoríos y los privilegios. Todo siempre al revés.

Para salpimentar el dislate, entre cupos y conciertos, se añaden las codas habituales que permiten que un supositorio de tal calibre, como diría Borrell, entre mejor. Ya saben: Ayuso, Madrid, el neoliberalismo y la retahíla habitual. Aunque en este caso, bien pensado, el equipo de opinión sincronizada va bien encaminado. Cargarse España, fracturar en tribus identitarias una comunidad política moderna no tiene una traducción letal únicamente en términos cívico-democráticos. Su traducción material más nítida es la de un capitalismo de la fragmentación que aspira a debilitar el poder político de los Estados democráticos, permitiendo que las regiones compitan fiscalmente entre sí a la baja, degradando notoriamente la progresividad de los sistemas tributarios y propiciando la proliferación de paraísos fiscales. El sueño húmedo del anarcocapitalismo. Sin Estado, repitamos una vez más lo obvio, no hay Estado social.

Atiendan a los inspectores de Hacienda cuando explican la primera consecuencia nefasta de un cupo catalán y su traducción inmediata en términos de fractura de la hacienda común: alfombra roja para los delitos fiscales, por implosión del sistema centralizado de coordinación informativa para perseguir el fraude.

Además de citar a Piketty, estaría bien que nuestros progresistas oficiales leyeran alguno de sus textos. Para empezar, El síndrome catalán, donde advierte del disparate confederal que en materia impositiva reina en nuestro país: «España ha ido, sin duda, demasiado lejos; una parte de los catalanes querría ahora conservar el 100% de los ingresos convirtiéndose en independientes».

La falsa izquierda bobalicona observa el dedo, mientras los reaccionarios apuntan hacia la luna. Illa, jefe del partido de Borrell, sigue defendiendo la ordinalidad. Aplicada a los individuos, en su versión fuerte, supondría algo así como pretender que Amancio Ortega reciba más del Estado que un trabajador desempleado sin ingresos. Así de grande es la majadería. El supositorio, aún mayor, se lo tienen reservado a los más pobres. Falsa izquierda, socialismo de mentira.

El Mundo (13.08.2025)