Un estudio publicado en julio en la revista científica Nature estimó que los trabajadores inmigrantes ganan un 29,3% menos que los empleados nativos en España. Esta brecha salarial se explica sobre todo por la dificultad para acceder a ocupaciones mejor remuneradas y, en menor medida, por la diferencia salarial en el mismo trabajo y empresa, que en España alcanza el 7%. 

“La falta de redes informales limita su acceso a los empleos de calidad”, apunta Jesús Fernández-Huertas, profesor de Economía de la Inmigración en la Universidad Carlos III. La barrera del idioma para los migrantes no hispanohablantes y la baja formación son otros obstáculos, al igual que la sobrecualificación y las dificultades para homologar la titulación. “Quizás eras dentista en Venezuela, pero en España tienes que trabajar como conductor de Uber al no poder homologar tu carrera”, ejemplifica Marí-Klose, quien también fue diputado del PSOE hasta 2023.

2. Los extranjeros cometen más delitos

Dado que la población extranjera es, de forma general, más pobre que la española, ¿está más predispuesta a cometer delitos? “No se puede hablar de una relación directa entre pobreza y acción delictiva”, afirma Jacqueline Carvalho, profesora de Derecho Penal en la Universidad Jaume I. “No todos los delitos están impulsados por la pobreza. En mi país de origen, Brasil, muchas personas pobres demuestran resiliencia y una moral del trabajo basada en la lógica de superar la pobreza siguiendo el camino correcto, desmontando esta relación”, añade. 

Expertos como Leopoldo Puente, profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), sostienen que los inmigrantes delinquen más porque “se encuentran de forma generalizada excluidos de nuestra sociedad”. En su investigación, Puente critica que, ante el temor de reforzar prejuicios sociales, ciertos sectores progresistas hayan optado por difundir un mensaje igualmente distorsionado, negando cualquier vínculo entre inmigración y criminalidad. Esta estrategia, advierte, solo ha contribuido a generar confusión: “En un mundo ruidoso, al final, cada cual acaba por escuchar lo que quiere”, concluye.

Una investigación académica de 2007 ya advertía de la conexión entre desigualdad económica y criminalidad en España. “Es razonable pensar en la existencia de una relación directa entre desigualdad y delincuencia”, apunta el estudio, que señala que la desigualdad puede fomentar la delincuencia tanto por el incentivo económico que supone el delito en contextos de exclusión como por el deterioro del compromiso moral con las normas sociales que provoca una brecha social excesiva.

La literatura científica que concluye que no existe relación entre una mayor proporción de población extranjera y la tasa de delitos de un país es amplia. En España, de hecho, el mayor incremento de la delincuencia se dio durante los años 80, cuando la inmigración era residual y mucho antes de que llegasen las grandes olas migratorias, según datos de Interior recopilados en la investigación citada antes.

En 2023, la tasa de criminalidad entre la población extranjera fue casi tres veces superior a la de la población española, con 24,1 condenas por cada 1.000 habitantesmayores de edad, frente a las 8,38 contabilizadas entre los nacionales. Los extranjeros registraron una mayor prevalencia en todos los tipos de delitos, destacando especialmente en robos, hurtos y defraudaciones; delitos contra la seguridad colectiva y lesiones. 

Que la criminalidad registrada sea mayor entre la población extranjera —que no necesariamente migrante— que entre la nativano es un fenómeno exclusivo de España. Es un patrón común en varios países de la Unión Europea, según cálculos realizados a partir de datos de Eurostat. Entre los Estados que publican estadísticas de delitos por nacionalidad, solo Rumanía y Letonia presentan tasas más altas entre sospechosos autóctonos que entre los extranjeros. En otros países como Alemania, Francia o Italia, la diferencia entre las tasas de criminalidad según la nacionalidad es más pronunciada que en España. 

Esto no significa que las personas extranjeras tengan una mayor inclinación natural hacia la delincuencia. Su sobrerrepresentación en las estadísticas responde a múltiples factores estructurales y sociales que van más allá de la nacionalidad. “Los hombres jóvenes delinquen más que las mujeres y los mayores. La población extranjera que llega a España es mayoritariamente joven y, tradicionalmente, más masculina. Con el envejecimiento de la población española, la juventud española se va reemplazando por la extranjera. Así, el verdadero factor de riesgo está en la edad y el sexo, no en la nacionalidad”, explica Caravalho.

Aun así, las estadísticas del sistema penitenciario muestran que la población extranjera está sobrerrepresentada en las cárceles españolas. En diciembre de 2023, había 3,82 personas extranjeras en prisión por cada 1.000 habitantes, frente a 1,12 entre los de nacionalidad española, una diferencia aún superior a la observada en las tasas de criminalidad. “Los extranjeros tienen más posibilidades de entrar en prisión porque la policía ejerce una mayor vigilancia sobre ciertos grupos étnicos o raciales, lo que aumenta la probabilidad de que personas con rasgos diferenciados (como negros o árabes) sean detenidas”, defiende Carvalho.

Asimismo, “la prisión provisional afecta más a los foráneos por el mayor riesgo de fuga al extranjero. Una vez dentro, también enfrentan más dificultades para salir, ya que la ley de extranjería revoca su residencia al ingresar, impidiéndoles acceder a beneficios como el tercer grado o la libertad condicional, que requieren poder trabajar fuera. Esto incrementa su permanencia en prisión en comparación con los nacionales”, añade.

Un caso especialmente sensible es el de los menores extranjeros no acompañados, un colectivo que ha sido instrumentalizado por algunos sectores de la extrema derecha para alimentar discursos de miedo y rechazo hacia la inmigración. “Aunque representan un porcentaje muy reducido del total de personas migrantes en España, su visibilidad —por su juventud, su forma de llegada a España y su situación de desamparo— los convierte enblanco fácil de estigmatización”, afirma Carvalho.

Estos menores no son solo inmigrantes: son sujetos que requieren protección. Sin embargo, la sociedad española los percibe a menudo una amenaza, cuando en realidad son adolescentes en situación de vulnerabilidad y con alto riesgo de exclusión si no cuentan con el apoyo adecuado”, señala Carvalho. “Reformar el reglamento de extranjería y garantizar un acompañamiento continuado puede ser clave para evitar la marginalidad y favorecer la integración”, afirma Marí-Klose.

3. La segunda generación estudia igual o más

La formación es un pilar esencial en la integración social de la población migrante. Los logros académicos de la segunda generación –los hijos de migrantes nacidos en España– están condicionados por el nivel formativo de los padres, según afirma Alejandro Portes, coautor del Estudio Longitudinal de la Segunda Generación (ILSEG), la investigación más amplia sobre este grupo de población al entrevistar a 7.000 hijos de migrantes llegados a España. 

“Con un nivel de educación superior, en general, tienden a proveer mayor capital social para sus hijos en términos de recursos, de consulta o apoyo”, afirma. La ambición es otra de las claves. “Ellos crecen escuchando la historia de sacrificio y lucha de sus padres para que los hijos tuvieran acceso a las ventajas de un país de mayores recursos y sienten que deben compensarlo esforzándose más en sus estudios y su carrera profesional”, explica. 

Ese capital educativo y simbólico se traduce en logros concretos: de hecho, la tasa de graduados entre los migrantes de segunda generación (39,8%) se acerca a la española (41,5%). El porcentaje es aún mayor cuando solo uno de sus padres es extranjero, con un 56,7%. Por el contrario, tan solo tiene educación superior el 29,1% de los migrantes de primera generación de entre 25 y 74 años.

Entre ellos, los logros educativos varían según el origen nacional de las familias. “Los hijos de argentinos, venezolanos o europeos orientales tienden a alcanzar niveles formativos más altos, a diferencia de los de origen dominicano, ecuatoriano o ecuatoguineano”, señala Portes. Aun con estas diferencias, “España puede congratularse por haber obtenido buenos resultados en la acogida de inmigrantes y en la integración de sus hijos”, reconoce.

A su juicio, el motivo del éxito de este proceso radica precisamente en la ausencia de un modelo rígido. “Aquí se ha permitido que cada grupo se integre a su propio ritmo, sin imponer una presión externa sobre los inmigrantes y sus hijos. En cambio, en los países europeos que optaron por una integración forzada, muchos hijos de inmigrantes norteafricanos han reaccionado rechazando la identidad nacional que se les asigna, al percibir una fuerte discriminación como franceses u holandeses”, asegura el sociólogo, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2019.

Los indicadores de integración de la inmigración de España no difieren mucho de otros países europeos”, afirma Fernández-Huertas. “Los discursos contrarios a la inmigración entorpecen la integración y, desde una perspectiva económica, resultan perjudiciales. Un entorno hostil le ponebarreras para encontrar empleo, empeora su calidad de vida y su contribución económica también se reduce”, concluye.

4. España crece por la inmigración

España es el décimo país de la UE con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero, con un 18,2%, es decir, 8,8 millones de personas. Además, es el quinto Estado miembro donde más ha crecido este grupo desde la pandemia, con un aumento del 35%, equivalente a 2,3 millones de personas más, según Eurostat. 

La población nacida en Honduras, Colombia, Venezuela y Ucrania residente en España se ha duplicado en apenas un lustro, reflejo tanto de las dinámicas migratorias como de la crisis en sus países de origen. Otros grupos, como los procedentes de Perú, Paraguay, Argentina o Cuba, también han registrado crecimientos superiores al 50%.

“La inmigración es más una consecuencia que una causa”, afirma Jesús Fernández-Huertas, profesor de Economía de la Inmigración en la Universidad Carlos III. “En España, los flujos migratorios responden de forma especialmente marcada al ciclo económico: cuando llegan muchos inmigrantes, suele ser señal de que su economía va bien; cuando se marchan, ocurre lo contrario”.

La bonanza económica no solo atrae migrantes, también se ve potenciada por su presencia. “Buena parte del crecimiento actual viene impulsado por la inmigración. Cuantas más personas participan en la economía –en la oferta y la demanda–, mayor es el crecimiento”, explica Manuel Hidalgo, investigador en el think-tank EsadeEcPol. Además, la inmigración tiene efectos positivos en lo fiscal, tanto en las cotizaciones como en la recaudación, por lo que los procesos de regularización son económicamente beneficiosos. 

Entre 1991 y 2005, España llevó a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en situación irregular. Desde entonces, no ha habido ninguna, aunque actualmente se tramita una iniciativa legislativa popular (ILP) que podría abrir la puerta a la regularización de más de medio millón de migrantes. 

“Con una regularización, se consigue que la población que reside de forma irregular en España entre en el sector formal cuanto antes y tengan mejores salarios”, explica Fernández-Huertas. “El inmigrante no quita el empleo a la población nativa; cubren ciertos empleos –como en agricultura, limpieza o cuidados– y permiten que los trabajadores locales puedan dedicarse a otras actividades. Además, expanden la economía y la hacen más permeable a los cambios”, afirma Hidalgo.

Tanto Hidalgo como Fernández-Huertas coinciden en que la inmigración contribuye a “tapar el agujero” de la ‘hucha’ de las pensiones y alivia la crisis demográfica, aunque advierten que no es una solución milagrosa ni definitiva para estos desafíos estructurales.

El saldo vegetativo en España es negativo desde hace ocho años. En 2024, se registraron 114.937 muertes más que nacimientos, pese a un ligero repunte de la natalidad (0,4%) tras nueve años de descenso. La edad media de la población española es de 45,6 años, la quinta más alta de la Unión Europea, tras aumentar 3,8 años en la última década. Además, uno de cada cinco españoles tiene 65 años o más, una proporción aún ligeramente inferior a la media europea (21,6%).

En contraste con esta tendencia, el auge migratorio está impulsando un incremento global de la población: en abril de 2024, España superó los 49,1 millones de habitantes, según el INE. El aumento poblacional contribuye a mitigar los efectos del envejecimiento y a la par plantea importantes retos para la gestión del estado del bienestar. La presión sobre servicios públicos como la sanidad y la educación y el mercado de la vivienda se intensifica, especialmente en las zonas con mayor concentración de recién llegados.

“La inmigración y el estado del bienestar no son compatibles”, afirma Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS. A su juicio, extender de forma inmediata los beneficios sociales a los recién llegados genera un incentivo desproporcionado que compromete la sostenibilidad del sistema público. Por ello, propone una política de “inmigración cero o incluso negativa” durante varios años, para absorber el impacto de los flujos recientes.Defiende un modelo migratorio estrictamente limitado a necesidades laborales concretas, con contratación en origen por tiempo limitado, y cuestiona el reagrupamiento familiar si conlleva el acceso a prestaciones sociales.

Los inmigrantes no hacen un uso intensivo de los servicios públicos, los utilizan en la misma proporción que la población nativa”, asegura Fernández-Huertas. “El mayor uso de servicios públicos responde simplemente al aumento de la población residente. Más personas implican una mayor demanda, pero también una base impositiva más amplia para sostenerlos. Si se mejora o no esa financiación es una cuestión política”, concluye.

5. Un impulso para la extrema derecha

Las reacciones a los disturbios de Torre Pacheco ilustran las profundas divisiones que genera el debate migratorio en España. “Cuando hay concentraciones de población culturalmente distinta, las chispas saltan con facilidad y emerge un terreno fértil para los manipuladores”, advierte Macarrón. 

Para Carvalho, el episodio “evidencia una percepción muy negativa de la inmigración, hasta el punto de justificar la violencia contra un grupo entero por el acto individual de una persona. Tras el caso de La Manada, nadie salió a perseguir a hombres jóvenes ni los consideró responsables por eso”. Otros analistas piden no sobredimensionar el caso. “Lo de Torre Pacheco es un hecho aislado. Ni el Estado español ni la sociedad actúan de esa manera”, sostiene Portes. 

En el último barómetro del CIS, el 18,4% de los encuestados señaló la inmigración entre los tres principales problemas del país. La preocupación varía notablemente según la orientación política: alcanza el 37,3% entre los votantes de Vox en las generales de 2023 y el 33,2% entre los de Junts, frente al escaso peso que le dan quienes apoyaron a Sumar (4,5%), EH Bildu y PNV (5,5%). 

El verdadero giro, coinciden varios expertos, está en el cambio del clima político. «La inmigración ha entrado con fuerza en el discurso político, con mensajes mucho más duros que hace unos años. No está claro si los políticos lideran ese discurso o simplemente recogen lo que ya piensa parte de la población. Que el tercer partido más votado hable de deportaciones y el primero apueste por endurecer la política migratoria marca un cambio evidente», afirma Fernández-Huertas. “Hay un partido político con una agenda muy clara con connotaciones xenófobas, que responde a una oleada internacional en el mismo sentido”, explica Hidalgo.

Este endurecimiento del discurso forma parte de una reconfiguración profunda en el panorama europeo e internacional, iniciada con las últimas elecciones europeas y la vuelta al poder de Donald Trump en EEUU. En las últimas semanas, países como Alemania, Portugal o Grecia han adoptado medidas antiinmigración, reflejo de un giro conservador más amplio.

En España, los efectos políticos podrían ser aún más contundentes. Los sondeos publicados en julio –a excepción del CIS– dan a la suma de PP y Vox alrededor de la mitad de los votos válidos y en torno a 200 escaños. “La inmigración está generando una reacción política que puede llevar a una mayoría aplastante de derechas en España, algo inédito en democracia”, advierte Alejandro Macarrón.

Los disturbios en la localidad murciana de Torre Pacheco echaron gasolina sobre el debate de la cuestión migratoria en España, desencadenando una disputa por el relato en la que los datos se esgrimen como verdades absolutas, pero a menudo sin el contexto, los matices ni la perspectiva necesaria para comprender el fenómeno en su complejidad. ¿Qué sabemos, en realidad, sobre la población migrante de nuestro país? Vayamos por partes: economía, criminalidad, educación e integración social, crecimiento económico, demografía y política.