Un lento suicidio: actualidad de Carlo Schmid

El peligro en una democracia no empieza cuando llegan los tanques ni cuando se proclama la privación de derechos, sino cuando desaparece la convicción de que hay cosas que no deben hacerse, aunque puedan hacerse

Ernesto Garzón Valdés, el extraordinario iusfilósofo argentino -caso ejemplar de esos méritos que el Premio Príncipe de Asturias supo ignorar con constancia perfectamente previsible- recurrió a una imagen tan inquietante como precisa al describir el mercado y la democracia como «instituciones suicidas»: los mismos mecanismos que les otorgan legitimidad pueden acabar socavando las condiciones que las hacen posibles y actuar así contra su propia razón de ser. En el primer caso, el mercado, al alentar comportamientos egoístas, puede erosionar la trama de normas morales y de coordinación social que requiere su funcionamiento. Pero fue sobre todo a la democracia a lo que dedicó su reflexión más exigente: una democracia que, respetando sin reservas la regla de la mayoría, puede abrir la puerta a un poder que, una vez instalado, liquida las libertades civiles, la alternancia política y, en definitiva, la propia democracia. De ahí arrancó su propuesta de un «coto vedado» de derechos y principios indisponibles para cualquier mayoría, como límite normativo imprescindible para evitar que el sistema termine eligiendo a su propio verdugo.

Me acordé de estas cosas al leer la breve y exquisita biografía de Carlo Schmid escrita por Francisco Sosa Wagner (Marcial Pons, 2025). Schmid, uno de los padres -junto con las potencias ocupantes, no conviene olvidarlo- de la Ley Fundamental de Bonn, combinaba su condición de académico con la de dirigente socialdemócrata. Pertenecía a una generación que había visto algo que hoy tendemos a olvidar: una república constitucional con elecciones, partidos y derechos desmoronarse utilizando sus propios mecanismos. Weimar no fue derrocada por una sublevación militar ni por una intervención exterior, sino por una sucesión de decisiones perfectamente legales. Hitler llegó al poder -y consolidó su dominio- amparado en la Constitución de Weimar, acaso la mejor de su tiempo.

Así se entiende la tesis de Schimd: «No es parte del concepto de democracia que ella misma cree las condiciones para su eliminación. Uno debe tener también el valor de ser intolerante hacia quienes quieren usar la democracia para matarla». La implicación duele: la democracia no se sostiene por inercia ni es un estado natural de la sociedad. Es una construcción histórica frágil, contingente, siempre reversible.

La respuesta de Schmid anticipa lo que luego se llamaría «democracia militante»: una constitución que incorpora mecanismos de autodefensa frente a fuerzas que buscan destruir el orden democrático desde dentro. Desde esa perspectiva, la posibilidad de prohibir partidos anticonstitucionales no es un residuo autoritario, sino la expresión jurídica de una lección histórica. En esto, Schmid converge con Garzón Valdés: la democracia necesita límites sustantivos, zonas vedadas a la voluntad circunstancial de la mayoría.

La paradoja es inmediata. Para proteger la democracia hay que restringir algo: opciones, discursos, organizaciones. Y surge la pregunta incómoda: ¿quién decide dónde están esos límites?, ¿quién protege a la democracia de sus protectores? El riesgo es evidente: en nombre de salvar la libertad, ponerla en peligro. No hay escapatoria limpia de esa tensión.

La preocupación de Schmid no era teórica. Las constituciones no viven de su letra, sino de algo más frágil: la autolimitación de los actores políticos, la aceptación de que no todo lo legal es legítimo, de que no toda mayoría autoriza cualquier cosa. Una constitución, sostenía, no es solo un conjunto de procedimientos técnicos, sino la expresión de una decisión colectiva de un pueblo sobre su forma de vida política. Sin esa decisión renovada en la práctica, las instituciones quedan vacías, convertidas en herramientas disponibles para la lucha desnuda por el poder.

Por esta esquina asoma otra preocupación central de Schmid que hoy suena desazonadoramente familiar. Lo inquietante no es el conflicto –espacio natural de la democracia, su condición de vida–, sino garantizar su posibilidad: cuando el conflicto deja de ser sobre políticas y pasa a ser sobre la legitimidad del adversario y de las reglas del juego.

Esa mutación tiene señales reconocibles. El rival ya no es alguien equivocado con quien se compite dentro de un marco común, sino una amenaza existencial para la nación o para la democracia misma. Las derrotas electorales dejan de asumirse como parte de la alternancia y se leen como una suerte de fraude moral. Las instituciones -tribunales, órganos de control, parlamentos- dejan de verse como piezas de un engranaje compartido y se interpretan exclusivamente en clave de quién las controla. Y la Constitución, en lugar de operar como suelo común que limita a todos, se convierte en un arma retórica más en la contienda.

Cuando eso ocurre, la democracia conserva sus formas -elecciones, partidos, procedimientos- pero pierde su nervio moral. Y peor si, como sucede en nuestras sociedades, aumenta la desigualdad extrema y se acentúa la fragmentación del espacio público, inducida por las redes digitales: la conversación pública requiere un mínimo de experiencia común. En esas condiciones, la política deja de ser alternancia entre adversarios legítimos y se transforma en una guerra que opera con la ontología amigo/enemigo schmittiana y donde cada derrota se vive como expulsión del sistema. No se tolera.

Cuesta no acordarse de estas cosas al mirar la política española sobrada de polarización afectiva, deslegitimación del adversario, uso estratégico de las reglas y lecturas instrumentales de las instituciones. La democracia, por supuesto, olvidada. Como si fuera un suelo garantizado, un bastidor capaz de soportar cualquier trato. Schmid, con la memoria de Weimar a cuestas, pensaba justo lo contrario: la democracia es una conquista que puede perderse, no un paisaje natural.

Ante las incertidumbres de las democracias militantes, de la protección exclusivamente mediante leyes -un tratamiento que, como se ha visto, no resulta inocuo-, muchos estudiosos han vuelto la mirada a otra tradición: blindar la democracia no solo desde fuera, con las reglas, sino sostenerla mediante el compromiso de los ciudadanos con sus libertades. Ciudadanos vigilantes, virtud cívica. No es una intuición moderna. En Aristóteles aparece explícitamente la idea de la amistad cívica (philia) como cemento de la comunidad política: «cuando hay amistad, no hace falta justicia; cuando solo hay justicia, aún hace falta amistad». La ley puede obligar, pero no basta para generar vínculos ciudadanos, para propiciar la fraternidad, el valor más olvidado de la triada clásica. Esa misma intuición atraviesa la tradición del republicanismo cívico, impecablemente resumida por Maquiavelo en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio: «Así como las buenas costumbres, para conservarse, tienen necesidad de las leyes, del mismo modo, las leyes, para ser observadas, necesitan buenas costumbres». Un republicanismo cuya mejor prolongación -no se sorprendan- puede rastrearse en el Manifiesto Comunista, cuando defiende «una asociación en que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos». Para algunos, esa sería la función de los partidos: no solo competir por el poder, sino cultivar esa disposición cívica sin la cual la democracia queda reducida a un mero armazón jurídico.

No me incluyo entre ellos. A mi parecer, hoy los partidos forman parte del problema: imprescindibles para la democracia, pero también vehículos de su degradación. Y su relación con el compromiso ciudadano, pues qué decirles: ni está ni se la espera. Al contrario, su descomposición acompaña -como causa o, más bien, como subproducto- a la degradación institucional. Y, en cascada, desaparece la posibilidad del compromiso. Si la democracia pasa de mí, ¿a qué voy a defenderla?, piensan los votantes. No sabría qué contestarles.

Tal vez esa sea la lección más desazonadora del deterioro democrático: el peligro no empieza cuando llegan los tanques ni cuando se proclama -secesión mediante- la privación de los derechos del 85% de los ciudadanos en una parte de su país, sino cuando desaparece la convicción de que hay cosas que no deben hacerse, aunque puedan hacerse. Y no queda tabla a la que agarrarnos: ni las reglas del juego ni el vigor cívico. Entonces llega la hora del sálvese quien pueda. Cuando el sistema deja de ser un marco compartido y se convierte en un arma más. Ahí, sin ruido, empiezan los suicidios democráticos.

El Mundo (30.03.2026)